Cursos de (de)formación profesional

Algunas de las estafas y fraudes más mediáticos han sido aquellos que se amparaban en la ley y en uno de los servicios más esenciales e importantes de cualquier sociedad, la educación. La democratización de la educación o lo que es lo mismo, la posibilidad de que todos los niños sean escolarizados es casi una realidad. Pero, ¿qué sucede cuando ya se han superado todas las etapas obligatorias o ya tienes trabajo o estás en el paro y buscas hacer un curso más profesional y más concreto esperando salidas profesionales y te encuentras con un fraude que precariza aún más tu situación, perdiendo tiempo y dinero?

Recientemente, El País publicó dos infogramas muy explicativos sobre cómo se financian y cómo se lleva a cabo el fraude en cursos de formación. Puedes consultarlos, aquí.

El “caso Aneri” y sus consecuencias

En el “caso Aneri” se defraudaron más de 17 millones de euros para lucro personal del empresario José Luis Aneri y sus compañeros; hasta 10 asociaciones empresariales han sido afectadas y estafadas en este caso. El señor Aneri colocó listas de alumnos falsos y se supone que se quedó con el dinero de las ayudas públicas de las subvenciones que recibían las empresas para poder matricularse en los cursos. Actualmente, el empresario se encuentra en prisión.

El problema para las empresas afectadas es que las arcas regionales tienen un agujero de seis millones de euros e iniciaran procesos de embargo si las empresas no pagan el dinero que se les dio y no fue empleado para la formación. La única solución, ya que muchas están al borde de la desaparición, pasa por que prospere la denuncia que han interpuesto contra altos cargos y funcionarios de Empleo.

Las asociaciones afectadas que han interpuesto la denuncia acusan a la Administración de prevaricación (que una autoridad dicte y acepte una sentencia sabiéndola injusta), ocultamiento contumaz (ocultar premeditadamente y obstinadamente), inducción al delito y connivencia delictiva; es decir, consideran que sabían de las irregularidades de Aneris y escondieron tal información a las empresas. Al mismo tiempo que destacan la falta de controles y la falta de seguimiento de las subvenciones, incumpliendo las normas regionales al respecto.

La consejería responde diciendo que en el convenio queda estipulado que la asociación misma que recibe las ayudas “deberá verificar en tiempo real el correcto desarrollo de la formación, […] y comprobar la calidad de los cursos”.

A raíz de este caso, el Gobierno se reunió con sindicatos y empresarios para perfilar una reforma del sistema de formación y así evitar que se repitiesen casos como éste, pero según noticias recientes, no se ha llevado a cabo tal reforma, es decir, las prácticas fraudulentas siguen siendo posibles.

El Gobierno pone como excusa que no se ha llegado a ningún consenso social, dificultado por los dos casos recientes de fraude, y rechaza concretar en público sus planes para el nuevo sistema. Solo proporcionan dos palabras: “transparencia y concurrencia”. “Transparencia” porque los agentes sociales participaran en el diseño de los planes de formación, junto con el Ejecutivo y los centros privados. Y “concurrencia” porque la gestión de los cursos saldría después a concurso al que sindicatos y empresarios pueden presentarse a través de sus fundaciones. Así se perfila un modelo con un control más grande por parte del estado y que le concede menos protagonismo y dinero a sindicatos y empresarios.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid, un equipo de forenses informáticos está investigando hasta 40 asociaciones que podrían estar implicadas en el fraude de los cursos de formación. El objetivo es descubrir si ha habido fraude o no, y la consejera de empleo asegura que los datos que consiguen podrán ser presentados como prueba en los juzgados.

 

¿Cuánto dinero se destina para políticas de empleo, concretamente, cursos de formación profesional? Más de 8.000 millones de euros, el 0.8% del PIB, se destinan para que los ciudadanos encuentren trabajo mejorando sus habilidades. En esta cifra se incluye lo que aportan las comunidades autónomas y el Estado de sus presupuestos, sumado a las ayudas comunitarias del Fondo Social Europeo y al 0.7% de las cotizaciones sociales de las empresas.

¿Cómo se gestiona? Una parte de este dinero se reparte entre las delegaciones sindicales y patronales de cada comunidad para pagar proyectos concretos de formación. El siguiente paso, en muchos casos, consiste en contratar a empresas de formación para impartir estas enseñanzas y es en este punto del proceso en que se puede perder el control del gasto.

 

En algunas ocasiones se trata de cursos legales pero sus contenidos no se adecuan a las exigencias del examen oficial para el que se supone que te preparan: no están completos, no están actualizados, no son válidos ni de ámbito nacional y un largo etcétera. Este es el caso que publicó una usuaria en Populetic el pasado 5 de junio y que podéis consultar, aquí. En estos casos es muy importante aportar pruebas de las irregularidades, ya que, al no ser un caso de gestión fraudulenta, el problema es de contenido: un curso que no te prepara para el examen, es decir, un curso que no suma formación profesional, sino resta tiempo y dinero.

Si has pagado por un curso por el que no has recibido una formación adecuada a lo que se te ofertaba, puedes reclamar. Contacta con los otros alumnos, uníos y expresaros. Populetic ofrece una plataforma privilegiada para solucionar este tipo de problemas: difusión, visibilización y contacto con profesionales que te pueden asesorar. Desde el equipo de Populetic queremos recordarte que ahora más que nunca: ¡no estás solo!

 

Fuente de la imagen: Miki & Duarte, Humor Gráfico de Actualidad.

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